Directiva que protege a los profesionales que denuncien casos de acoso laboral, delitos de corrupción o malversación, así como otras infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE). Establece una serie de medidas para garantizar la protección de los denunciantes, incluyendo:
- Confidencialidad: Los denunciantes tienen derecho a que su identidad se mantenga confidencial, a menos que ellos mismos lo autoricen.
- Protección contra represalias: Los denunciantes están protegidos contra represalias, como el despido, la degradación o el acoso.
- Derecho a acceso a la justicia: Los denunciantes tienen derecho a acceder a la justicia en caso de que sean objeto de represalias.